Ciudad de México, a 29 de octubre de 2025.- El Diputado Federal por Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para combatir el ejercicio ilegal de la medicina en México, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud que establecen penas de hasta ocho años de prisión para quienes ejerzan funciones médicas sin la debida certificación.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que “la salud de los mexicanos está en riesgo por una práctica que lamentablemente se ha vuelto común: la usurpación de funciones médicas. Cada día escuchamos de clínicas o consultorios donde se realizan tratamientos quirúrgicos o estéticos sin contar con la preparación, la certificación o la autorización correspondiente”.

La iniciativa, construida en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), busca específicamente sancionar con 4 a 8 años de prisión a profesionales de la salud que ofrezcan servicios médicos sin contar con los estudios profesionales en la materia

Penalizar la realización de intervenciones quirúrgicas que requieran especialidad sin contar con la certificación correspondiente y establecer sanciones para médicos que invadan funciones o especialidades en las que no estén debidamente acreditados, son otras de las acciones incluidas en la propuesta.

Núñez Aguilar propone también una regulación para las “escuelas patito” que imparten estudios de medicina sin el Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP.

“No podemos permitir que quienes no tienen formación profesional ni cédula médica intervengan en la salud de las personas. Tampoco que un médico invada áreas o especialidades para las que no está autorizado. Cada profesión médica implica años de estudio, práctica, certificación y ética”, afirmó.

El legislador destacó que esta reforma obliga a que toda intervención quirúrgica o de especialidad sea realizada únicamente por médicos certificados y debidamente registrados ante las autoridades competentes, además de establecer que la emisión de diplomas de especialidades médicas corresponde únicamente a instituciones oficialmente reconocidas.

“La salud es un derecho humano que no admite improvisaciones. La confianza de los pacientes debe ser protegida por la ley. Y la ética médica debe ser el escudo que preserve la vida, no un negocio sin control ni respaldo académico”, concluyó.