Leo Zuckermann

Sí, el mundo nos está viendo y juzgando. Qué bueno porque tenemos un enorme problema que resolver y no estaría mal recibir ayuda internacional para lograrlo. Me refiero al tema de los desaparecidos.

No puedo pensar en una peor situación para una familia que la desaparición de un pariente cercano. Es peor que el homicidio por la imposibilidad de enterrar al fallecido y comenzar el proceso de duelo.

En palabras de la hermana de un desaparecido: “Me levanto cada día con la esperanza de encontrarlo y me acuesto con el miedo de que mañana ya nadie lo busque.” O de una madre con un hijo que no aparece: “No está muerto, pero tampoco está vivo; lo buscamos entre los dos mundos.”

Para la familia no hay descanso. Viven con una insoportable incertidumbre que les causa un dolor cotidiano. Así lo describe un padre: “Hasta que no vuelva, no hay descanso. La búsqueda es mi forma de respirarlo.”

En un país funcional, al Estado le corresponde buscar a los desaparecidos. No es el caso en México. Aquí las autoridades, en el mejor de los casos, se lavan las manos y, en el peor, son los que desaparecen.

He entrevistado a muchos activistas y expertos desde que comenzó esta nueva ola de desapariciones en México durante el sexenio de Calderón. Todos coinciden en que el Estado es omiso porque, si se pone a buscar, se va a encontrar a sí mismo. Mejor voltear la cara hacia otro lado que revelar que fueron miembros de las Fuerzas Armadas o policías corruptos quienes desaparecieron a cientos sino es que miles de mexicanos.

De acuerdo con las conclusiones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, hay “indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

La ONU concede que esto no es en sí mismo una política federal, pero destaca “las omisiones del Estado en la prevención, la investigación y el castigo del delito.”

Encontraron, oh sorpresa, que impera “una impunidad casi absoluta” en este tema.

El Comité recomendó, por primera vez para México, que el Secretario General de la ONU lleve el tema de las desapariciones de nuestro país a la Asamblea General con el fin de analizar medidas para apoyar técnicamente al Estado mexicano; reforzar la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito; y facilitar cooperación internacional en materia forense y de búsqueda.

Por la magnitud del problema, a mí me parece una gran idea que la ONU nos ayude a resolverlo.

Estamos hablando que México es el país con más desaparecidos en el mundo que no está en una guerra (civil o internacional).

Bien a bien no sabemos cuántas personas están desaparecidas. La falta de estadísticas confiables son parte del problema.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay alrededor de 132 mil individuos en esta situación. Un 31% ha mostrado actividad en registros oficiales posteriores a su desaparición, lo que sugiere que podrían estar vivas o localizables. Un 36% carece de información suficiente para iniciar búsquedas efectivas y un 33% no registra actividad posterior a su desaparición (son los casos más graves registrados sin señales de vida oficial).

El gobierno mexicano, sin embargo, se envolvió en la bandera y rechazó no solo los hallazgos del Comité de la ONU sino las recomendaciones. Lo calificó de “sesgado y parcial” y “no acorde con la realidad actual de México”.

La Presidenta rechazó que México esté rebasado en esta materia y criticó al informe por no tomar en cuenta “avances institucionales ni medidas implementadas desde 2018 para enfrentar la problemática”.

El gobierno niega que las desapariciones se deban a una política del Estado argumentando que esto ocurría en administraciones anteriores a las de Morena. Quieren demostrar que ellos no son iguales a los del pasado.

Entiendo que las autoridades mexicanas vean el informe de la ONU como un golpe político. Que les choque la idea que este tema se trate de la Asamblea General de dicho organismo.

Pero lo cierto es que el Estado mexicano --con gobiernos del PAN, PRI y Morena-- ha fracasado en esta materia. Tenemos una enorme crisis que el Estado debe resolver con urgencia. Y no está de más recibir asistencia internacional para hacerlo.

Es lo que solicitan las organizaciones civiles y colectivos de familiares de desaparecidos. Lo menos que podría hacer el gobierno es escucharlos, reconocer la gravedad del problema y comprometerse a desarrollar las capacidades institucionales para solucionarlo.

X: @leozuckermann