La extorsión en Michoacán se dispara, alcanzando 863 casos desde 2022, afectando a múltiples sectores y con un fuerte impacto del crimen organizado.
Morelia, Michoacán.- Uno de los principales delitos que comete el crimen organizado en Michoacán es la extorsión; ilícito que motivó asesinatos como el del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, y en que muestran una tendencia al alza, ya que, de 2022 a lo que va de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE), registra un total de 863 casos.
Según el reporte de la FGE, durante el 2022, se cuantificaron solo 65 carpetas de investigación por este ilícito, cifra que se elevó radicalmente a 241 en 2023.
Para el 2024, la FGE reportó un total de 295 carpetas de investigación, mientras que, de enero a octubre de este 2025, ya suman 262.
La extorsión aplicada por los grupos del crimen organizado ha sido denunciada por diversos sectores comerciales que laboran en Michoacán, entre los que destacan productores de limón, tortilleros, transportistas, comerciantes de los tianguis, por mencionar algunos.
De acuerdo con reportes de inteligencia, en la entidad se identifican al menos 17 grupos criminales que operan en las diversas regiones de la entidad.
Entre las disputas de estos grupos criminales por apoderarse de la operatividad delincuencial en la geografía michoacana, sobre sale como uno de lo delitos mas rentables para los cárteles del narcotráfico, la extorsión o “cobo de cuota”, como se le identifica coloquialmente.
Algunos de los municipios donde se han registrado las denuncias constantemente son Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Morelia, entre otros.
Derivado de las denuncias por la presión que ejerce en los productores, empacadores y comerciantes, destacó el caso de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado el pasado 20 de octubre.
La FGE le imputó el crimen al Cártel de Los Blancos de Troya, operadores de la región de Tierra Caliente y brazo armado del Cártel de Los Viagras, liderado por los hermanos Sierra Santana.
Desde el año pasado, Bernardo Bravo había denunciado el aumento de las presiones para el pago del “cobro de piso”, lo que habría ocasionado su homicidio, aunado a la desatención de la autoridades estatales.
